SOBRE LA BRECHA

Hacia un Acuerdo Político en lo Fundamental

Por Andrés Amador Mena


LOS importantes e impresionantes acontecimientos políticos ocurridos en el país a partir de la más cuestionada elección presidencial desde los tiempos de Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, son un indicador muy claro de que no están lejanos los días en que los mexicanos decidamos nuevamente ir hacia un acuerdo político en lo fundamental, como bien decía el insigne jurista jalisciense de tan solo 25 años de edad, don Mariano Otero.

Cuando llegue el momento que esperemos sea pronto y aunque sea voluntariamente a fuerzas para algunos compatriotas como suele suceder, tendremos que analizar rigurosamente el funcionamiento no solamente de los poderes del Estado sino de nuestra forma de gobierno y el de las partes integrantes de la federación donde la ciudad de México no puede ni debe seguir siendo la sede de los Poderes de la Unión ni la Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

La ciudad de México como lo establece el propio artículo 44 constitucional para el caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, debe pasar a convertirse en el Estado del Valle de México.

El muy querido maestro constitucionalista don Andres Serra Rojas decía sobre lo anteriormente anotado que la ciudad de México es un lugar destinado al colapso, y que en ese sentido deberiamos de pensar en un lugar, por ejemplo, como Lázaro Cárdenas como nueva sede de los poderes de la Unión.

Asimismo, alguien del Banco Mundial, no hace mucho tiempo, señaló que los mexicanos tenemos un grave problema de concentración demográfica y de concentración de la riqueza, y para el acometimiento de ambos problemas se necesita mucho corazón y mucha cabeza y mucho carácter que no abunda desde luego en el paisaje político nacional siendo esta la razón fundamental por la cual desde hace décadas pudiendo haber impulsado el desarrollo de hasta cincuenta ciudades de un millón de habitantes, hemos dejado crecer y crecer esas monstruosidades metropolitanas que son la ciudad de México, la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Monterrey, seguidas de esas otras monstruosidades crecientes en la distribución del ingreso que hacen que nuestro país tenga en el coeficiente de Gini una puntuación de 54.6, que nos habla de una gran desigualdad social.

El propio Consejo Nacional de Población ha reconocido recientemente que la desigualdad social en México va en aumento y que esto genera graves problemas sociales. Para decirlo con palabras del actual Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, el decil más rico tiene ingresos doce veces superior al decil más pobre, y en los países desarrollados la relación entre ambos deciles es de siete a uno.

Sobre el funcionamiento de los poderes del Estado o de los poderes de la Unión en que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, es necesario corregir las grandes deficiencias e insuficiencias además de corrupción e impunidad en que han caido el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, razón por la cual desde hace muchos años nos hemos olvidado todos, gobierno y gobernados, de que el artículo 39 constitucional prescribe que el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, asi como de que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

El último dato de Transparencia Internacional es verdaderamente vergonzoso porque nos habla del aumento de la corrupción en nuestro país en los últimos seis años del otrora denominado gobierno del Cambio, y consecuentemente pasamos a ocupar el lugar número 75 de 163 países en el mundo.

Si consideramos que la corrupción del Estado o la corrupción institucional ha sido posible no obstante contralorías, fiscalías, auditorias y otros mas sistemas de vigilancia, entonces necesitamos volver a reflexionar profundamente las cosas y buscar nuevos caminos, y uno de ellos lo sería indudablemente la reglamentación del artículo 128 constitucional como algún ministro de la Corte lo señaló hace algún tiempo, y que nos dice que todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Asimismo, será importante repensar lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado y responsabilizar verdadera y realmente a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno por los actos u omisiones en que incurren en el desempeño de sus respectivas funciones, y será importante asimismo eliminar el segundo párrafo del 108 constitucional que nos dice que el Presidente de la República durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Al Presidente de la República no debemos darle otro trato que no sea el de servidor público primeramente obligado eso sí a predicar con el ejemplo en el cumplimiento del deber y de las responsabilidades constitucionales.

Sobre nuestra forma de gobierno el artículo 40 constitucional prescribe que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental, y en este sentido necesitamos que las palabras se traduzcan a los hechos y exista realmente representatividad, democracia y federalismo.

Desde mi punto de vista que al día de hoy en México nuestros mayores problemas sean la pobreza, la inseguridad y la corrupción son el resultado de haber convertido en letra muerta nuestro artículo cuarenta constitucional, y de ignorar olímpica e impunemente esa definición maravillosa que el artículo tercero constitucional establece para la democracia a la que considera no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

visiondeestado@hotmail.com