LOS COLUMNISTAS

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Por José Salazar G.

.Peligro de intervención militar en Oaxaca

.Es posible que Gobernación proponga la revocación del mandato

TRAS de expresar el secretario Abascal que en Oaxaca se está llegando al límite (de la paciencia, se supone) el gobierno de Fox montó todo un escenario de guerra en esa entidad, como si se tratará de la invasión a un estado enemigo y no una incursión para poner en paz a un número indeterminado de mexicanos que habitan en una ciudad de la Federación.

El despliegue de fuerza es impresionante, no visto ni cuando se levantó en armas el sub comandante Marcos al frente de un nutrido grupo de encapuchados armados.

Se ven hoy en Oaxaca soldados provistos con metralletas custodiando los helicópteros apostados en el aeropuerto de esa ciudad y que efectúan sobrevuelos sobre los inconformes; desembarco de tropas pertenecientes a la infantería de marina en Huatulco y Salina Cruz; traslado de tanquetas y material anfibio blindado y el transporte de tropas por aire y por tierra procedentes de la capital del país y de estados vecinos hacia la Antigua Antequera.

Todo un ejército armado y disciplinado, apoyado por la Policía Federal Preventiva, listo para poner en orden a ese grupo de connacionales que aspiran a mejores sueldos y a una digna atención de las autoridades estatales.

En 1968 se movilizó al ejército para sofocar el descontento de estudiantes que protestaban contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y quien hoy, hace exactamente 38 años, ordenó la masacre de ellos en Tlatelolco.

La prensa escrita y electrónica, para no perder la costumbre, ocultó o minimizó el hecho, sólo algunos dieron a conocer el número real de muertos, a riesgo de ser sancionados.

Esa matanza que sólo trajo desprestigio para el país y dolor para sus habitantes, marcó el inicio del fin del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al frente de puestos de elección popular como la Presidencia de la República, gubernaturas, y otros.

El PRI cayó en una dinámica, ya en ese momento imparable, que se reafirmó con el sismo de 1985, tragedia que unió a los mexicanos para rebasar, con creces, al gobierno de extracción priista.

En 1988 el PRI en forma precaria conserva el poder, solo para perderlo, estrepitosamente, 12 años después. La intervención del ejército y la PFP en Oaxaca ¿marcará el fin del PAN?

Notas la margen
Dentro de las propuestas que gestiona Gobernación para dar fin al conflicto en Oaxaca está el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, auditoría al gobierno de la entidad y subirles el sueldo a los maestros…Para reafirmar la gran amistad que une a México con Estados Unidos,(según el gobierno de Fox) el congreso estadounidense aprobó la construcción de un muro en la frontera con México de mil 125 kilómetros para frenar la inmigración, principalmente, de mexicanos.

ppsalazarmx@yahoo.com.mx


México, consolidar la legitimidad

Por Liébano Sáenz *

EL nuevo gobierno de Felipe Calderón afrontará desafíos de cuya solución exitosa dependerá la homologación de la ya ganada legitimidad de origen con la todavía más compleja legitimidad de gestión.

Para alcanzarla, se requiere de un audaz y profundo ejercicio de innovación política. La dificultad no deviene de una oposición activa y fortalecida, característica propia de la democracia y expresión del mandato ciudadano.

Las mayores resistencias al cambio provendrán de las inercias de un arreglo gubernativo anticuado y poco proclive a la cooperación de poderes y órdenes de autoridad; de una estructura presidencial que no se ha reformado en sus piezas clave, y de una añeja tradición que declina de todo sentido de participación social y que deja en las autoridades la responsabilidad única del poder.

Felipe Calderón ha dejado de ser candidato, su condición actual, por la naturaleza misma de un régimen que hace del Presidente jefe de gobierno y jefe de Estado, es la de representante de todos los mexicanos, de todos, hayan o no sufragado por él.

Es preciso trascender el periodo comicial; el receloso genoma electoral de muchos mexicanos, que integra una larga historia de abuso acumulado, suele mostrar escepticismo hacia las consideraciones legales o institucionales de las elecciones.

Las sucesivas reformas electorales de finales de los 70 a 1996, revirtieron paulatinamente las causas de inconformidad. Los comicios recientes muestran el costo de no haber continuado con el impulso reformador; mucho de lo que ahora se impugna --la debilidad del IFE y el intervencionismo presidencial y de terceros-- pudo ser evitado.

La ausencia de normas no invalida lo alcanzado, tampoco anula los resultados electorales pasados o recientes. La tarea es recuperar la capacidad de cambio a partir del nuevo equilibrio político que el voto democrático ha definido.

Es imperativo aceptar las nuevas expresiones del pluralismo democrático, aceptación que debe pasar por todos, quienes ganaron o por quienes no fueron favorecidos por el sufragio, aún cuando las condiciones de la contienda sean apreciadas insatisfactorias por algunos. En política se avanza a partir de la realidad. Mala conseja la que deviene del agravio. No se puede andar el futuro con la vista vuelta atrás.

En los comicios recientes, la que antes fue tercera fuerza pasó a ser la segunda; la segunda, primera, y la que durante mucho tiempo fue primera, cayó al tercer lugar. Normalidad democrática. Por su parte, al menos desde 1977, la pluralidad social de la nación está reflejada en las instituciones públicas (partidos, integración parlamentaria, representación en los legislativos, apertura de los medios de comunicación), y disentir es un verbo corriente en el habla esencial del estado de derecho de México. Hoy, la primera minoría del Congreso es del mismo partido que el Presidente electo (PAN), la que coexiste con otras ocho fuerzas políticas.

¿Qué debe hacer quien ganó? ¿Declinar y conceder la razón de la ley y de los números frente a una opinable razón moral asumidamente superior por sus propios beneficiarios? ¿Construir una alianza que reduzca a su mínima expresión al adversario, como ocurrió con el FDN después de las elecciones de 1988? Ninguna de estas.

Más allá del derecho a gobernar de quien legítimamente triunfó, y de construir las bases del consenso social o parlamentario en torno a su propio programa, es ineludible el acuerdo con todas las fuerzas políticas para hacer realidad el cambio que dé garantías a todos sobre comicios justos.

El nuevo estándar a definir no es único, tampoco fácil de determinar, pero las elecciones pasadas dan suficiente materia para un consenso que mejore sustancialmente las reglas del juego.

La reconciliación involucra a todos. También a los ciudadanos de a pie. Para ello es necesario reformar las instituciones, no sólo las electorales, sino también las que inciden en la calidad de gobierno.

Los cambios deben dar lugar a reglas que ofrezcan comicios confiables y equitativos; también, para que quien gobierne tenga los medios y los instrumentos que le permitan cumplir con la responsabilidad que el voto determina.

La dimensión extra institucional de la reconciliación consumirá mucha energía y tiempo, estará salpicada de momentos miserables para quienes carezcan de piel dura y ánimo perseverante.

Cualquier resultado será raquítico si no se afianza en la legitimidad de gestión de un gobierno eficaz y sensible. La mejor reconciliación es un buen gobierno, y éste se alcanzará mediante una nueva institucionalidad que reconcilie democracia y eficacia, responsabilidad y libertad, progreso y bienestar social.

Un buen ejemplo está en el propio movimiento opositor. La estrategia de movilización extra institucional, una vez levantados los campamentos en la Ciudad de México, deberá atender la prioridad inmediata de que su partido tenga el mejor desempeño en el proceso electoral de Tabasco en octubre.

La causa de este retorno a las instituciones mucho tiene de simbólica: convalida la fuerza institucional de la democracia. Semejante situación se vive en el Congreso, la democracia a su modo y sin mayor espectáculo cobra severa factura a quien se autoexcluye por decisión o por intransigencia en la negociación.

Por ahora se requiere tener claridad sobre la transformación. Su propósito: la creación de incentivos que propicien la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo que vale para aquél, debe valer para éste: transparencia, rendición de cuentas y posibilidad de contrapesos democráticos. Asimismo, en la ley deben definirse las fórmulas de solución para el desencuentro entre los poderes, sobre la base de una gobernabilidad democrática en un sistema presidencial.

Es decir, que haya racionalidad en la relación del Ejecutivo y el Legislativo, con la previsión constitucional en materia de presupuesto y de gasto público, con un régimen eficaz de rendición de cuentas de los legisladores, con la obligación del Congreso de dictaminar perentoriamente todas las iniciativas del Presidente y con mayor claridad en los alcances del veto presidencial.

Debe suprimirse el anonimato sobre el trabajo de los legisladores, a manera de fortalecer la rendición de cuentas a la sociedad y las sanciones o incentivos al desempeño. El desconocimiento de la conducta de las fracciones parlamentarias favorece la impunidad por la vía de la inmunidad.

La regulación del cabildeo y la determinación de los alcances de las actividades remuneradas de los legisladores son necesarias para salvaguardar la integridad del Poder Legislativo.

Los partidos deben someterse al orden democrático. Su privilegiado lugar en el juego electoral, parlamentario y político no se coteja con sus obligaciones. Sus dirigencias y candidatos deben estar sujetos también a un régimen efectivo de rendición de cuentas, de escrutinio institucional, social y de sanción.

La certeza de derechos de los militantes de los partidos es la mejor base para modernizar y transformar a las organizaciones políticas y crear condiciones que favorezcan la responsabilidad y la libertad de los miembros de los partidos, especialmente, los legisladores.

La Presidencia es la institución eje del régimen de gobierno; el cambio democrático la ha acotado, pero no le ha dado eficacia. En el propósito de resolver el desencuentro con el Legislativo es un error el intento de parlamentarizar al gobierno, sólo conllevaría a debilitar aún más el reducido margen de maniobra del Presidente.

Debe fortalecerse la capacidad de la Presidencia para conducir y dirigir al gabinete, así como para actuar eficaz y activamente en el acuerdo con el Poder Legislativo. Para ello debiera trasladarse a la Presidencia la elaboración del proyecto de gasto público y la ley de ingresos, así como la negociación con la Cámara y el Congreso.

Se hace necesario prever los alcances del veto presidencial y la solución en el supuesto de que la aprobación en la materia no sea de satisfacción del Ejecutivo. Esta reforma sería parte de un amplio proyecto de modernización de la Presidencia que incluiría, entre otras cosas, la comunicación personal e institucional del Presidente, la creación de oficinas técnicas de apoyo al Mandatario en materia de Presupuesto, seguridad nacional y programas estratégicos del Estado mexicano.

La agenda es vasta y diversa. Su responsabilidad primaria, no única, descansa en el nuevo Mandatario. Importa su contenido, al igual que la destreza para instrumentarla. Se trata de una tarea compartida con otros poderes, órdenes de gobierno y partidos políticos. Significativo que el consenso de inicio, más allá de las diferencias propias de la rica pluralidad, sea recuperar la capacidad de cambio.

* Autor del libro: La Presidencia moderna. (Taurus 2006)

Sobre la Brecha

El Orden Jurídico de la Consolidación Democrática

Por Andres Amador Mena

CON el tìtulo "El Orden Jurídico de la Consolidación Democrática" la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional, y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, llevaron cabo los días dos y tres de octubre, en la ciudad de México, Distrito Federal, el segundo congreso internacional al cual asistieron alrededor de cuatro mil estudiantes y profesores de diversas escuelas y universidades de varias entidades federativas.

Al evento que tuvo verificativo en el lugar que otrora fuera la tristemente célebre prisiín de Lecumberri y que ahora, ya excelentemente embellecido, es el sitio donde se encuentra el Archivo General de la Nación, asistieron diversas personalidades representativas de los tres poderes del Estado Mexicano, así como destacados investigadores y profesores del mundo académico nacional e internacional.

Tras la inauguración por parte del Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal, se abrió un panel de discusión sobre los Sistemas Electorales para la Consolidación de la Democracia en donde disertaron el Dr. Carlos Huneeus Madge (Chile), así como los también doctores Fernando Tuesta Soldevilla y Dieter Nohlen, de Perú y Alemania, respectivamente.

Acto seguido el Magistrado Héctor Solorio Almazán, presidente de la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habló sobre los criterios y sentencias en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano para el Perfeccionamiento Democrático en México.

El Magistrado Luis Malpica y de Lamadrid habló sobre la Justicia Fiscal y Administrativa en México.

Sobre el Federalismo y Desarrollo Municipal habló la licenciada Gloria del Carmen Muñoz León, quien es Coordinadora del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.

Ya en la tarde del lunes 2 de octubre se abrió otro panel sobre la Reforma del Estado en el Ambito Económico y Social, mismo que fue moderado por el Pablo Muñoz y Rosas, quien es Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.

En este panel se escucharon los puntos de vista de los senadores Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Alejandro González Alcocer, del PRI y del PAN, respectivamente, como también del diputado del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Eduardo de la Torre Jaramillo.

Enseguida el señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo, diseccionó el tema relativo a las Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad en el Federalismo Mexicano.

El Doctor José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso su punto de vista sobre la Defensa de los Derechos Humanos, y sobre la Regulación Jurídica de los partidos políticos hablaron el Ministro Francisco Olguín, representante para el Programa México, Centroamérica y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, y el Maestro Carlos Vargas Baca, Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por la mañana del martes 3 de octubre se abrió un panel sobre el entorno internacional en la definición de la Agenda Exterior de México, el cual fue moderado por el embajador Arturo Dager Gómez y cuyos integrantes fueron: José Goñi Carrasco, embajador de Chile en México, Manuel Arturo Soto Aguirre, embajador de Guatemala en México, Michel Delfosse, embajador de Bélgica en México y Alain Le Gourrièrec, embajador de Francia en México.

Acto seguido se abrió otro panel sobre las reformas constitucionales para la consolidación del Estado Democrático de Derecho en México en donde participaron el doctor Lorenzo Córdova Vianello y el doctor Luis Molina Piñeiro, con la moderación de la doctora María del Pilar Hernández Martínez.

Enseguida el licenciado Francisco Javier Valdés de Anda, Coordinador de Asesores del C. Procurador General de la República, habló sobre la Procuración de Justicia en la Consolidación Democrática en México.

El Secretario de la Reforma Agraria, Agrónomo Abelardo Escobar Prieto, disertó sobre la cuestión agraria en la consolidación democrática.

Sobre las políticas laborales en la Unión Europea y en México disertaron el respetado abogado laboralista doctor Hugo Italo Morales Saldaña, el Magistrado Felipe Remolina Roqueñí, la doctora Carolina Ortiz Porra, Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo, y el reconocido abogado laborista doctor José Dávalos Morales.

Por la tarde del martes tres de marzo se llevaron a cabo tres mesas de trabajo donde se presentaron ponencias sobre temas de Derecho Público, Derecho Privado y Derecho Social, mismas que fueron moderadas respectivamente por la actuaria Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, Titular de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; lic. José Ignacio Sentíes Laborde, miembro de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, y la dra. María Patricia Kurczyn Villalobos, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Sobre la Función Notarial en México hablò el dr. Eduardo García Villegas, miembro distinguido de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, y, finalmente, sobre la Colaboración y Coordinación Intergubernamental para la Seguridad Pública, disertó el lic. Rafael Ríos García, Subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Tras la clausura del evento por parte del lic. Pablo Muñoz y Rojas, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, quien fue precedido en el uso de la palabra por el dr. Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Director General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación, la impresión en lo general fue de satisfacción por la indiscutida calidad de las exposiciones.

Así como de la evidente representatividad de quienes consecutivamente, hora tras hora, en esos dos días de octubre de 2006, hicieron uso de la palabra ante una numerosa concurrencia ávida de información y debate sobre un orden jurídico nacional que hoy en día, unánimente, en todos los sectores de la vida nacional, se observa debilitado y vulnerable, por lo cual es un reclamo nacional, la imperiosa necesidad de fortalecerlo a través de las dos vías que el hombre se ha dado desde tiempos remotos para orientarse en la historia, como lo son la política y el derecho.

El ejercicio de reflexión académica, política y jurídica llevado a cabo me parece de alto interés general y por ello me he permitido señalar a todos y cada uno de los expositores con sus temas correspondientes, cuyos textos íntegros serán subidos a la página de internet de la Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación, que es decir, www.ordenjurìdico.gob.mx.

Desde mi punto de vista el siguiente paso no es esperar al Tercer Congreso Internacional, sino divulgar los resultados de este segundo congreso con sencillez, claridad y precisión, y, sobre todo en el ámbito universitario y preuniversitario, fomentar el debate cívico, jurídico y político, sobre nuestra enflaquecida vida cívica, política y constitucional.

En alguna ocasión, ya elaborada la Constitución de los Estados Unidos de América, George Washington expresó que lo importante no era tanto la Constitución en sí misma, sino el tener el hábito de cumplirla y de vivir conforme a sus preceptos, y esto último que es precisamente el hábito y la costumbre de cumplir y hacer cumplir las leyes, empezando por la ley fundamental que es la Constitución, por parte de gobernantes y gobernados, es lo que nos ha hecho falta a los mexicanos a lo largo de nuestra vida política independiente, y específicamente, a partir de que la nación se constituyó en 1824 como una República representativa, federal y popular.

Los resultados de lo anteriormente señalado los tenemos todos a la vista, y en alguna medida en días pasados la Directora del Banco Mundial para México y Colombia, Isabel Guerrero, nos lo sintetizó en los siguientes términos que fueron el resultado de un laborioso estudio sobre México: "Las mayores debilidades de México se ubican en los rubros de Estabilidad Política, Estado de Derecho y Control de la Corrupción, además de que se registra un deterioro con respecto a los años previos en materia de Efectividad Gubernamental y Calidad Regulatoria".

visiondeestado@hotmail.com