LOS MIGRANTES Y LA CNDH

ANTE la recurrencia y creciente abuso de autoridades de los tres órdenes de gobierno en contra de migrantes indocumentados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve ante las cámaras de Senadores y de Diputados la abrogación del artículo 123 de la Ley General de Población.

Dicho artículo establece como delito la internación ilegal de extranjeros al país, lo que se ha convertido en un factor para que diversas autoridades realicen verificaciones migratorias sin estar facultadas para ello y, además, cometan todo tipo de arbitrariedades en perjuicio de los migrantes irregulares.

Si bien es cierto que la sanciones establecidas por este ordenamiento no se aplican, el solo enunciado que penaliza a la migración indocumentada, además de ir en contra de la tendencia internacional que se pronuncia por la despenalización de esta falta, ha propiciado que en México se abuse de la condición irregular de los migrantes en detrimento de sus derechos humanos. Esto es así porque se constituye en un elemento de presión, amenaza y extorsión por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno e incluso por parte de elementos de seguridad de compañías privadas, sobre todo las que dan servicio a las líneas ferroviarias, en cuyos trenes de carga es común que viajen los migrantes.

Con base en los muchos casos que ha documentado sobre verificaciones migratorias ilegales y acerca de diversos delitos cometidos en contra de los migrantes por autoridades y particulares, este Organismo Nacional considera que la penalización formal de la migración es un factor que ha operado en favor de estas prácticas que aumentan la vulnerabilidad de los migrantes frente a quienes pretenden abusar de ellos.

El pasado 17 de noviembre, la CNDH emitió su Recomendación General No. 13, en la que documenta puntualmente la cantidad de autoridades que, sin contar con facultades para ello, realizan verificaciones migratorias y, en ocasiones, detención de migrantes, lo que va en contra del Estado de derecho, cuyo marco correspondiente otorga esta facultad únicamente a los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal Preventiva.

Este Organismo subraya la necesidad de que el gobierno mexicano tenga un verdadero control de sus fronteras y de que la migración sea segura y ordenada. Está convencido que para ello se requiere el diseño de una política migratoria integral, con objetivos e instrumentos claros y con recursos humanos, financieros y de infraestructura adecuados y suficientes para hacerla efectiva.

Destaca que también se debe tomar en cuenta la realidad social del fenómeno migratorio, y que su criminalización, al igual que la construcción de muros y bardas, no es ciertamente el camino correcto para contener el flujo de indocumentados en tanto no se atiendan a fondo las principales causas de ese tipo de migración.

Por todo, ello la CNDH solicitó formalmente ante las instancias legislativas federales la despenalización de la migración indocumentada, mediante la abrogación del artículo 123 de la Ley General de Población.

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