LA CNDH Y LAS ESTACIONES MIGRATORIAS

LA Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta sobre la conducta del personal responsable de algunas estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración que, contraviniendo normas en la materia, impiden y obstaculizan que migrantes asegurados en esos sitios puedan recibir asistencia legal y asesoría diversa a la que tienen derecho.

Al margen de que las autoridades migratorias no han emitido oficialmente información alguna sobre modificaciones en las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, existen casos indicativos de un probable endurecimiento de facto en el trato que reciben las personas retenidas en algunos de esos sitios, a consecuencia de que no se está respetando debidamente el derecho de los migrantes asegurados a contar con asistencia legal oportuna.

La CNDH ha recibido quejas, de parte de personas y organizaciones civiles que realizan labores en esas instalaciones, en las que se establecen conductas de funcionarios migratorios presuntamente contrarias al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de los migrantes, particularmente en la Estación Migratoria de Iztapalapa, en esta ciudad.

Tales conductas de funcionarios del INM son contrarias también al derecho al libre ejercicio de la profesión de los representantes legales y miembros de organismos de la sociedad civil que asesoran a personas migrantes.

La CNDH ha abierto tres expedientes por quejas de organizaciones no gubernamentales a cuyos representantes se ha impedido entrevistarse con migrantes asegurados, y ha tenido también conocimiento de dos casos más, en los que se obstaculizó el acceso a abogados particulares.

La CNDH reconoce la necesidad de que las autoridades migratorias tengan un control adecuado sobre las personas que ingresan a las estaciones migratorias, a fin de resguardar de la manera más amplia la seguridad de los asegurados en ellas, de los servidores públicos que ahí laboran y de las instalaciones. Sin embargo, ello debe realizarse bajo criterios claros, de conformidad con la ley y los procedimientos establecidos en los reglamentos. Estos criterios no deben quedar sujetos al arbitrio o la voluntad discrecional de algún servidor público.

La CNDH manifiesta que es un compromiso constitucional del Estado mexicano ofrecer garantías de seguridad y certeza jurídica a quienes se encuentran en su territorio; es obligación salvaguardar y proteger la integridad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes irregulares, sobre todo a los que se alberga en las estaciones migratorias y que están bajo la responsabilidad directa de la autoridad migratoria. La CNDH demanda la debida atención a estos casos a fin de que se ejerza una mejor supervisión que impida tales conductas.