TEMA TRASCEDENTE DEL DIA
Exigencia Social: fin a la Impunidad
Entrevista a Jesús González Schmal
José Vilchis Guerrero
jvilchis1@yahoo.com
"EL Presidente Electo tiene la obligación de empezar a cumplir sus promesas de campaña y la más urgente es que se aplique la justicia y que se acabe la impunidad, o de lo contrario una de las más severas consecuencias será la ingobernabilidad o tendrá que pagar un precio político más alto; el desprestigio de su gobierno comenzará desde antes de que se inicie”.
La sociedad mexicana ya no soporta más la impunidad de los que dejan el gobierno de Vicente Fox. Entonces, si el presidente electo Felipe Calderón quiere empezar a cumplir sus ofrecimientos de campaña, que de una vez por todas ejerza la acción de la justicia en contra de los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca, sostuvo Jesús González Schmal, exdiputado federal que presidió la comisión que los investigó y denunció por tráfico de influencias y fraude ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Ante los agravios de Martha Sahagún Jiménez, quien amenazó a González Schmal que procedería en su contra cuando dejara de tener fuero constitucional como legislador, el ahora ciudadano que se adapta a su nueva vida, acudió el 31 de agosto ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a levantar un acta por amenazas.
Dijo en entrevista a (la revista) Forum que acudió a ampliarla el 21 de septiembre ante el descubrimiento de que la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) había ordenado investigar al exdiputado por haber formado parte de una comisión legislativa que investigó a los hijastros del presidente Vicente Fox. Señaló a Rosendo Villarreal Dávila, director de Administración de Pemex, como directamente implicado en esta irregularidad.
“Es inadmisible que Villarreal esté gastando los recursos de Pemex en una injusta e ilegal investigación en torno a mi persona como exlegislador y presidente de la comisión investigadora que logró documentar los delitos de tráfico de influencias y fraude contra los recursos fiscales del país por parte de los hermanos Bribiesca con el apoyo de funcionarios de alto nivel y que debieran de ser investigados”.
González Schmal envió a Forum un comunicado en el que aclara que de acuerdo con la versión periodística, “es una venganza de la señora Marta Sahagún de Fox mandar a investigar a un integrante del Congreso mexicano en funciones, cuando por órdenes de la Cámara de Diputados, basado en el artículo 93 de la Constitución, se me dio la responsabilidad de presidir una comisión de investigación por haberse encontrado vínculos de los hijos de la esposa del presidente Fox con la empresa Construcciones Prácticas SA de CV, favorecida escandalosamente con los activos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario y en perjuicio de la recuperación de los recursos de este instituto a favor del erario”.
Calificó como “un atentado al Congreso” porque según lo que consta en la información publicada se investigó a un diputado federal del 17 al 27 de julio, y otra del 28 de julio al 2 de agosto del presente año, cuando aún estaba en funciones la LIX Legislatura.
Es un atentado, agregó, al debido ejercicio de la función pública que constituye un acto subversivo de tal importancia que no puede ser soslayado porque pone en riesgo la propia seguridad nacional al permitirse tan evidentes desvíos en el desempeño de los cargos.
“Es indigno y arbitrario que desde la Presidencia de la República se ordenen investigaciones a integrantes del Congreso para amedrentar y desprestigiar ante la opinión pública con la finalidad de desviar la atención del verdadero asunto que es el presunto tráfico de influencias de los hijos de la señora Marta Sahagún”.
Para González Schmal está muy claro que se trata de un acto de venganza, que ya había anunciado la esposa del presidente Fox en su ilegal conferencia de prensa desde Los Pinos del 28 de julio, donde curiosamente predijo: “el señor González Schmal no tiene autoridad moral para hablar como lo ha hecho. Por el contrario, sí tiene mucho que explicar en torno a los actos de tráfico de influencias en que él ha incurrido”.
Aseveró: “Niego rotundamente cualquier posibilidad de haber incurrido en tráfico de influencias. Las aprobaciones y promociones de las obras públicas en vías de comunicación dentro del territorio nacional, no tuvieron más propósito que el atender la demanda social y económica de las poblaciones apartadas”.
El primero no ha consignado la averiguación previa, “aunque sabemos que el Ministerio Público de la Federación avanza con lentitud en el procedimiento, pero por lo menos está actuando. Hasta cierto punto se explica por la tardanza del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para aportar los documentos que le han requerido”.
Sin embargo, dijo que Romero Ramos excedió sus atribuciones al rechazar que los hijos de la primera dama hubieran incurrido en algún delito. Afirmó que el funcionario “sumiso a la familia presidencial” presentó con ocho meses de atraso el informe de una “supuesta auditoría” que practicó a las empresas del sector público que tuvieron operaciones con Construcciones Prácticas, SA de CV.
Sostuvo que ninguna secretaría de Estado es instancia para exonerar o inculpar a nadie; porque su función está limitada a revisar la actuación de los servidores públicos en sus atribuciones y responsabilidades.
A pregunta expresa sobre el destino de la comisión que tuvo dos versiones en la pasada legislatura, dijo que diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) hicieron público que valoran la reactivación de la comisión especial para continuar la investigación a los hijos de Marta Sahagún para no convalidar la impunidad del gobierno del presidente Vicente Fox.
El diputado Samuel Palma confirmó que la bancada priísta evalúa el trabajo de la LIX Legislatura sobre el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de que se acusa a los hijos de la esposa del presidente Fox, y no descartó que el tricolor impulse la reactivación de la comisión que presidió González Schmal. Dijo además que a los priístas no les asusta la continuidad de la comisión. En los mismos términos se expresaron diputados perredistas, también dispuestos a reactivar la investigación de los Bribiesca Sahagún.
González Schmal puntualizó que Eduardo Romero se extralimitó hasta el exceso al exonerar a los Bribiesca porque no los encontró culpables de ningún delito, porque está usurpando la función que corresponde estrictamente a la PGR, instancia en la que se encuentra todavía la integración de la averiguación previa que se abrió.
De esta manera, comenta, Romero Ramos no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidades y en un exceso del ejercicio de sus atribuciones envió al panista Jorge Zermeño, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en un “adelanto obsequioso y servil” los resultados de la pretendida investigación que sustenta la absolución de los hijastros de Fox.
Recordó que el pasado 24 de agosto, la defensa de los hijos de Martha Sahagún “ya sabía” que la SFP iba a resolver a su favor la supuesta revisión de los auditores externos. Estos auditores cuestan mucho dinero al país, porque Romero Ramos no tiene confianza a los suyos.
Hasta sus últimas consecuencias
Cuando se le preguntó a González Schmal si tiene miedo luego de las amenazas de Martha Sahagún, dijo que teme por su integridad física, hizo la denuncia correspondiente y sólo espera que el Ministerio Público la cite a responder por el señalamiento, por lo que “no tengo tiempo de pensar en tener miedo, porque todavía tengo que atender cuestiones relativas a esta investigación, porque no hay que permitir más impunidad de la primera dama y sus hijos”.
Advirtió que llevará hasta sus últimas consecuencias la denuncia penal contra Martha Sahagún Jiménez, a la que acusó de injurias y amenazas, pues en caso de no hacerlo, “se sentaría el peligroso precedente de que algún miembro de la familia presidencial pretenda inhibir a otros diputados en sus trabajos e investigaciones”.
Aunque ya dejó de pertenecer a la comisión al concluir su ejercicio como diputado federal, González Schmal señala que todavía se mantiene activo en la misma investigación como auxiliar en la LX Legislatura que está por reactivar la comisión investigadora.
Ya presentó el exlegislador de Convergencia por la Democracia sus alegatos contra las falsas declaraciones que rindieron Manuel Bribiesca Sahagún y Miguel Khoury Siman ante la PGJDF. Y dijo que el hecho de que les hayan negado una segunda demanda de amparo, “quiere decir que la comisión legislativa actuó conforme a la ley en la investigación”. Ellos siguen afirmando que no tenían relación de negocios con la empresa Construcciones Prácticas, a pesar de las evidencias que muestran sus vínculos.
Reveló González Schmal que luego de presentar ante el MPF otra denuncia contra el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, por incumplimiento de sus obligaciones, hizo lo mismo ante la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
En esta última advirtieron que el auditor no se pronunció respecto a diversos puntos que merecían un análisis más profundo en torno a los bienes inmuebles que el IPAB le subastó a Construcciones Prácticas a un precio mucho menor al real.
Lo anterior motivó que los exintegrantes de la comisión legislativa Martha Palafox, Sofía Castro y González Schmal denunciaran penalmente a los hijastros de Fox por quebranto de mil 175 millones de pesos al erario.
Mencionó que hay documentos en los que se consigna que en el proceso de licitación de los inmuebles que se encontraban en la cartera vencida de Bancrecer y fueron pagados con dinero de los contribuyentes por el IPAB a Construcciones Prácticas se actuó con “amplia discrecionalidad”, a grado tal que el instituto “debió haber eliminado de las bases de licitación esta discrecionalidad absoluta de Bancrecer”.
Todo está documentado
González Schmal y las priístas Castro y Palafox advirtieron que la esposa del presidente Fox no podrá detener las investigaciones y denuncias que han presentado por mandato constitucional y en su calidad de representantes de la nación y ciudadanos ante la PRG.
Concluyó que ya se presentaron todas las pruebas y los documentos que validan la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y fraude por parte de los hermanos Bribiesca Sahagún y sólo falta que se proceda penalmente en su contra y contra quienes resulten responsables tanto del gabinete como de la familia presidencial.
“El presidente electo tiene la obligación de empezar a cumplir sus promesas de campaña y la más urgente es que se aplique la justicia y que se acabe la impunidad, o de lo contrario una de las más severas consecuencias será la ingobernabilidad o tendrá que pagar un precio político más alto; el desprestigio de su gobierno comenzará desde antes de que se inicie”.
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