TEMA TRASCENDENTE DEL DÍA

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA LA CREACIÓN DE LA LEY DE MEDIOS PUBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL O SU EQUIVALENTE

Por Juan Alberto Rojas Zamorano

I) PÚBLICO VS OFICIAL

EN el panorama de los medios de comunicación mexicanos dominan los medios comerciales, denominados concesionarios. Los medios públicos, conocidos como permisionarios, representan en el caso de la radio el 20.81% de un total de 1470 radiodifusoras y en la televisión alcanzan el 36% del total de 722 televisoras. Hay 465 concesiones (empresas privadas) de tv, de las cuales el 48% corresponden a TELEVISA y el 31% a TV-AZTECA y hay 1164 concesiones de radio de las cuales el 80% se concentra en sólo 15 grupos radiofónicos (Solís Leeré, p2,5,10,20 ).

El año 1994 se estableció la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Culturales y Educativas, AC. (Doc RED, S/P) Actualmente cuenta con 44 socios entre medios regionales de 23 gobiernos estatales, medios gubernamentales federales (Canal 22 y 11 de TV, Radio Educación y el IMER, además de EDUSAT, este último como invitado especial) y radios universitarias. Varios de estos medios además se enlazan con los servicios privados de televisión de paga. En conjunto la RED cubre un público potencial del 80% de la población mexicana lo que la perfila como la tercera
cadena de medios más importante de México.

Medios permisionados o “no comerciales” (Romo, p 58): oficiales, universitarias, indigenistas, independientes y reserva federal:

• Oficiales: medios regionales dependientes de gobiernos estatales (algunas como sistemas de radio y tv y otras no) federales permisionados o concesionarios (como Radio Educación, 11TV y 22TV) y radios del IMER de la reserva federal y otras concesionadas a gobiernos estatales pero operadas por convenio por ese Instituto.

• Universitarios: Extensión universitaria y difusión cultural, Radio UNAM es la primera y surge el año de 1937; a partir de los años 70 se da un gran impulso a éstas y en diversos lugares del país.

• Indigenistas: Se inician en 1979 para mejorar sus condiciones de vida y fortalecer su cultura, comunicación e identidad de los grupos indígenas.

• Independientes: Patronatos, operadas por asociaciones civiles (por ejemplo, Radio Cultural Campesina en Teocelo, Ver. Permisionada al Centro de Promoción Cultural A.C., y Radio Huayacocotla en Ver., permisionada a Fomento Cultural y Educativa).

Importancia de cada tipo de permisionarios (Solís Leeré, p8 y p20 ):

En el caso de la televisión se distribuyen así: gobiernos estatal y federal 82%, patronatos 10%, asociaciones civiles 4%, IPN 2%, universidades 1% y municipios 1%.

En el caso de la radio: Gobiernos estatales 65 %, universidades 20 %, INI 8%, asociaciones civiles 3 %, IMER 2% y particulares 2%.

La “Hora Nacional” ( Romo, p.90) programa radiofónico dominical que se trasmite de 22 a 23 hrs. Realizado por la Dirección General de Radio , Televisión y Cinematografía, difundido a nivel nacional por alrededor del 56% de las radiodifusoras (desde el año 1937 para establecer canal de comunicación entre gobierno - sociedad, reforzar la unidad e identidad nacional y sentido de responsabilidad además de educación y entretenimiento).

“Tiempo Legal o de Estado” (Romo p93), obligación de concesionarios y permisionarios para trasmitir gratuitamente cada día 30 minutos a lo largo de su programación continuos o discontinuos de campañas gubernamentales y programas educativos y culturales. La producción de mensajes y administración de tiempos corresponde a la Secretaría de Gobernación. Este tiempo lo usan fundamentalmente el Gobierno Federal y el IFE, ocasionalmente se permite a gobiernos de estados usar porciones pequeñas de este tiempo. Antes de usaba también el llamado “Tiempo fiscal” que consistía el pagar parte de sus impuestos en especie: el 12.5% de su tiempo de transmisión.

II) ANTECEDENTES

Regionalización. Se inicia en los años 80, actualmente en cada región se cuenta en promedio con un 12% de medios públicos locales, en el sureste se eleva al 18% (Martínez L., p.11).

Desde sus inicios la radiodifusión en México se orientó por el modelo comercial norteamericano con marcadas tendencias a la concentración monopólico. Es hasta finales de los años 60 y principios de los 70, como consecuencia de la grave crísis política debido a los movimientos estudiantiles y diversas organizaciones sociales, que el gobierno federal busca tener una presencia propia y directa en los medios, además de permitir la participación de las universidades y algunas organizaciones sociales particularmente en la radio. Primero con la reglamentación de los “tiempos oficiales” y más adelante con el fortalecimiento de Radio Educación, Canal 11 de TV y la entrega de asignación de frecuencias a 4 universidades (que se suman a RADIOUNAM) y el establecimiento de 22 radiodifusoras no comerciales (entre 1970 y 1981). (Martínez L., p.14).

A finales de los años 70 y principios de los años 80 el gobierno federal renueva su participación en los medios, adquiere 3 radiodifusoras privadas, una de ellas de gran audiencia y tradición (la XEB) y establece la Productora Nacional de Radio y Televisión (PRONARTE) para cubrir los “Tiempos Oficiales”. Se crea Televisión de la República Mexicana (TRM) que el año de 1983 contaba ya con 89 estaciones repetidoras de radio y TV (Martínez L., p.11). Además, impulsa la mayor discusión pública realizada hasta la fecha sobre el tema de los medios en el Congreso de la Unión, luego de establecer el precepto constitucional del Derecho a la Información.

Durante el primer quinquenio de los años 80 se crean el Instituto Mexicano la Televisión (IMEVISION) y el Instituto Mexicano la Radio principalmente en base a la infraestructura de TRM.

Es a partir de los años 80 que se inicia el establecimiento de los medios regionales de radio y tv por medio de permisos otorgados a varios gobiernos de los estados, que se apoyaron inicialmente en la infraestructura y el personal capacitado en ocho centros regionales de producción de propiedad federal que son transferidos a gobiernos estatales. La política nacional y federal para la descentralización y la regionalización promovieron además el establecimiento de otros medios regionales (actualmente alcanza 23 estados) (Martínez L., p.17). En 1980 se establece la primera televisora estatal regional en Veracruz con el canal 4+, para el año 1998 ya son 21 televisoras y 17 sistemas de radio.

A finales de los años noventa el gobierno federal reduce significativamente su presencia en la televisión al subastar a particulares al Instituto Mexicano la Televisión (IMEVISION) y se convirtió en TV-AZTECA la segunda cadena privada de televisión más grande del país.

En contraste con lo anterior, se fortaleció significativamente a OnceTV del Instituto Politécnico Nacional (la primera televisora educativa de Latinoamérica fundada el año de 1958) reorientando sus contenidos (más hacia el “desarrollo humano” la cultura, la recreación, el esparcimiento y menos a la educación) para hacerla de más interés a un público más amplio, mejorando su infraestructura, su financiamiento y su cobertura con 21 repetidoras en la República Mexicana, además de la conectividad por diversos sistemas de televisión de pago por cable y vía satélite y de diversas televisoras de la Red que retransmiten parcialmente su programación. Sus cambios han significado una creciente presencia nacional, además de diversos reconocimientos y premios internacionales debido a la calidad de sus programas y sus imagen institucional.

Por otro lado, ante la iniciativa de 1200 ciudadanos de los sectores artístico, cultural y de la comunicación, se impidió la venta a particulares de esa televisora (concesionada) y se constituyó el Canal 22 de TV en un medio cultural que a diez años de fundado cuenta con varios reconocimientos nacionales e internacionales por la calidad de sus emisiones. Esta televisora es dependiente de la SEP-CONACULTA y se trasmite por señal abierta en tres estados de la República –principalmente- a través de sistemas de televisión de paga por cable y vía satélite, además de diversas televisoras de la Red que retransmiten parcialmente su programación.

Cabe aclarar que son contadas las radios independientes manejadas por organizaciones civiles y con reconocimiento legal, a diferencia de lo que ha ocurrido en Latinoamérica. Se sabe que existen una gran cantidad de radios comunitarias (aunque no se tiene datos precisos) que no cuentan con el permiso de operación. Aunque la Ley Federal de Radio y Televisión contempla con vaguedad la posibilidad de las que se denominan formalmente “radios experimentales” o “escuelas radiofónicas de baja potencia” en la práctica las exigencias y restricciones que se les imponen, en contraste con las condiciones precarias en que operan son las principales causas de su clandestinidad.

El uso de los medios con propósitos no comerciales en nuestro país, ha dado buenos frutos y ha impactado, incluso el quehacer de los medios comerciales: así tenemos los ejemplos de la Telesecundaria que ha sido reconocida como una de las experiencias educativas en los medios más significativas en Latinoamérica, el Telebachillerato de la televisora pública de Veracruz, las campañas de control natal iniciadas durante la década de los años 70, que (según estimaciones del investigador Javier Esteinou Madrid) nos significan hoy contar con 40 millones de mexicanos menos y en las que los medios jugaron un papel importante.

III) MEDIOS PÚBLICOS REGIONALES

Condiciones de operación

Marco legal

Los llamados “permisos” (en contraste a concesión entregado a medios comerciales) se otorgan para operar emisoras oficiales, culturales, de experimentación y escuelas radiofónicas. Con esta autorización se limita en sus ingresos financieros a estos medios, pues a diferencia de los concesionarios, éstos sólo pueden difundir spots promocionales de sus patrocinadores, con la condición de no usar la retórica publicitaria (la violación a esta norma puede ser causal de cancelación). En general la LFRTV se centra en las concesiones y no establece con claridad las diferencias entre éstos y los permisionarios.

Formas de organización

Son diversas las formas de organización que adoptan estos medios: la mayoría son permisionarios pero algunos son concesionarios; algunos dependen directamente de los gobernadores, mientras otros de áreas coordinadoras de comunicación social o similares; un par de éstos dependen directamente del Congreso (estatal o nacional) algunos son federales otros estatales y otros municipales; algunos tienen juntas de gobiernos o consejos de administración, mientras otros no. Mientras que otros son parte de la organización de universidades autónomas y los menos son manejados por asociaciones civiles.

El desarrollo de estos medios durante las últimas dos décadas se ha caracterizado por: a) restricciones presupuestarias debido a los pobres subsidios y los limitados ingresos propios debido especialmente a las restricciones legales para comercializar sus tiempos de emisión, b) limitaciones políticas y administrativas debidas a la dependencia y al frecuente uso político de estos medios por parte de los gobiernos, lo cual les ha restado credibilidad entre sus públicos y ha condicionado su desarrollo a los vaivenes político-administrativos y c) restricciones técnicas que en la práctica se han impuesto a estos medios, en beneficio del sector privado de los medios.

Participación ciudadana

En contados casos estos medios consideran la participación ciudadana en algunas de las fases de su funcionamiento: los más destacados y continuos son los casos de las radios del INI y de las radios manejadas por asociaciones civiles; en otros casos, la participación ha sido esporádica o de poca repercusión hasta ahora en el quehacer sustantivo de estos medios, son los casos de los consejos de administración del Canal 22 de TV y del IMER y los consejo de participación ciudadana en Quintana Roo y Tabasco (como órganos asesores de sus juntas de administración) . También se sabe de interesantes experiencias de consultas ciudadanas masivas para conocer la opinión del público sobre su programación, son los casos de un ejercicio reciente de Once TV y anteriores ejercicios similares de Radio Educación.

IV) LIMITACIONES JURÍDICAS PARA LOS MEDIOS PÚBLICOS

En consideración a la importancia de las tareas de los medios de comunicación públicos, así como a las difíciles condiciones financieras, materiales y técnicas por las que atraviesan la gran mayoría de estos medios, así como los grandes retos tecnológicos y financieros que les deparan el proceso de digitalización que se hacen las siguientes consideraciones:

1) El actual marco legal y normativo no le da la debida importancia a los medios de comunicación públicos en reconocimiento de su importante labor, pues se enfoca hacia el quehacer de los medios privados concesionados.

Más aún, en las modificaciones recientes al reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión se omitió nuevamente el tema de los medios públicos, mientras que en lo relativo a la integración del Consejo Nacional de Comunicación, no se consideró a un representante de la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales, A.C., la tercera cadena más importante de medios de comunicación del país, después de Televisa y TV-AZTECA (paradójicamente, al “representante de la sociedad civil” ante dicho Consejo, se le otorga voz pero no voto).

Es imperativo que la nueva ley reconozca la importancia de los medios públicos de comunicación en su justa dimensión, estableciendo las bases para el fortalecimiento de sus finanzas y el mejoramiento de las condiciones en que operan actualmente estos medios.

2) En realidad en México más que medios “públicos” han dominado los medios de comunicación “oficiales” o “institucionales” orientados en buena medida a difundir y legitimar a los titulares de los permisos. La participación de la sociedad en su orientación y en sus contenidos ha sido muy limitada, así como escasos los esfuerzos para conocer y atender las necesidades de sus públicos de manera sistemática y objetiva (a través de estudios sobre sus audiencias).

Cualquier cambio a la legislación vigente debería tomar medidas para que estos medios realmente sean de “servicio público”, garantizando su pluralidad (incluidos los diferentes niveles de gobierno) y servicio a la comunidad, con la activa participación de ésta, a través de órganos de participación ciudadana, mecanismos que aseguren que los profesionales de los medios sean quienes tomen las decisiones esenciales para el funcionamiento de éstos, pero con la obligación de rendir cuentas a la sociedad y entregar resultados que les den credibilidad y justifiquen su existencia.

Es imperativo para lograr con este propósito, que los medios públicos estén obligados a demostrar su legitimidad a través de estudios permanente sobre la audiencia que certifiquen su presencia entre la comunidad y que los obligue a responder a las expectativas de sus públicos.

3) Cualquier iniciativa de modificación a la Ley Federal de Radio y Televisión debe considerar un apartado especial sobre los medios públicos, para lo cual es esencial que los comunicadores jueguen un papel protagónico en la formulación de propuestas para el nuevo marco legal, además de incorporar las propuestas y opiniones de todos los sectores involucrados, en la perspectiva del desarrollo del país y la democratización de la vida nacional.

4) El impedimento para comercializar los espacios de la transmisión de los medios públicos, es hoy uno de los mayores obstáculos e injusticias que viven estos medios. El mayor reto para el tránsito hacia los “medios públicos” es el tema del financiamiento. Se requiere contar con presupuestos suficientes provenientes de diversas fuentes para actualizar y renovar permanentemente la infraestructura de los medios públicos. El meollo de la autonomía se ubica en este tema así como en nuevos mecanismos de asignación presupuestal y rendición de cuentas que aseguren la real autonomía y eficiencia en el uso de los recursos.

En tanto se legisla en esta materia es imperativo que se permita a todos los medios públicos -y no solo a algunos cuantos- la obtención de patrocinios para fortalecer sus finanzas en tanto se llegue a nuevos acuerdos y medidas para mejorar sus condiciones económicas.

5) En estos momentos la existencia de los medios de comunicación públicos corre un grave riesgo, ya que la obligada transición hacia la tecnología digital (que impone como límite el año 2006) en las condiciones de escasez de la mayoría de estos medios propiciaría la desaparición de muchos, ante el impedimento de realizar las inversiones que se requieren para ésto.

BIBLIOGRAFIA

- SOLIS LERRE BEATRIZ.- “Distribución de frecuencias de radio y televisión en
México, Junio 2003”.
(Documento inédito de la Comisión de Comunicaciones
y Transportes del Senado de la República)

- ROMO CRISTINA.- “Ondas, Canales y Mensajes. Un perfil de la radio en
México” Editado por el ITESO, México año 1993,
Tercera Edición.

- MARTINEZ LUGO JORGE.- “Lo público y lo regional en la radiodifusión del
sureste de México”. En: Radio Regional y Rural en
México, cuadernos del posgrado en comunicación
No. 1, editado por la vía, México, año 1992.