Herencia maldita
Por Mario Mendoza
DICIEMBRE llegó y con él la esperanza de millones de mexicanos que continúan anhelando un cambio de fondo en el país; cambio que permita una nación más justa y en paz. Felipe Calderón deberá transitar por un camino sembrado de minas, el cual podrá sortearlo con inteligencia, con diálogo y recurriendo a la política como forma de recuperar la unidad nacional que hoy se encuentra dividida en dos.
La herencia que recibe de su antecesor no es nada positiva, incluso se podría calificar como una herencia maldita. Entre las múltiples cosas que ayer recibió el Presidente de México se encuentran: una democracia cuestionada, instituciones debilitadas, una inseguridad creciente, falta de empleo, una pobreza lacerante, un pacto nacional inexistente, un diálogo político roto y la solución urgente al conflicto social de Oaxaca.
Resulta por ello deseable que la mano firme y las manos limpias que prometió durante su campaña, no se transformen en una mano dura y en manos sucias, corruptas, llenas de sangre; como algunos equivocadamente lo han interpretado para su propio beneficio. Que sus actos se apeguen estrictamente a lo establecido por la Constitución y que no recurra a la trillada frase de que “aplicaré todo el peso de la Ley” sólo para reprimir e intimidar a sus adversarios, mientras muchos más se pitorrean impunemente de la misma.
Es tiempo de reestablecer el diálogo incluso con aquéllos que no piensan igual. Tiempo de encontrar las coincidencias mínimas que permitan trabajar en un mismo objetivo que se llama México. Tiempo de impartir justicia en quienes no han cometido mayor delito que exigir que se termine con la corrupción, la insensibilidad de los gobernantes y con la agobiante desigualdad.
No será –como algunos intentan hacérselo creer— un Presidente débil si recurre al diálogo en lugar de las bayonetas y las tanquetas para alcanzar los acuerdos. La fortaleza y la legitimidad de un gobernante no se la dan sus cuerpos militares y policiales, sino sus propios ciudadanos; son esas voces las que deberá de escuchar para salir avante en su nueva responsabilidad.
Los tiempos actuales demandan un ejecutivo que gobierne con y para los mexicanos y no sólo con y para los de su partido. En parte mucho de los agravios que actualmente se registran en el país y particularmente en Oaxaca, son resultado de esa visión reducida y patrimonialista de observar las cosas.
De ese deseo de venganza y de legitimación por la fuerza. De la creencia que más vale obtener el miedo de los ciudadanos que su respeto. Oaxaca debe convertirse en la referencia más próxima de lo que un gobernante no debe hacer, pero principalmente debe convertirse en la prioridad número uno en la agenda presidencial.
Ya no más continuar administrando el conflicto, mientras la polarización, el rencor y el odio se siguen fomentando como política de estado. La persecución, intimidación y la detención ilegal de cientos de inconformes como la forma de ejercer el poder nos está llevando a una Guerra Civil que muy difícilmente podrá superarse si no se actúa a tiempo.
El repliegue táctico obligado al que fue sometido la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca sólo genera la indignación, la inconformidad y la desesperación de miles de personas que ven en la represión un mecanismo de gobiernos autoritarios y que sólo están a la expectativa para cobrarse las afrentas.
Sí a la aplicación de la norma jurídica a quienes escudándose bajo este movimiento cometieron actos vandálicos o delictivos contemplados en la Ley; pero no a la búsqueda de delitos en el Código Penal que se ajusten al gusto del gobernante para cumplir el objetivo de castigar la forma de pensar diferente y el señalamiento de las arbitrariedades cometidas.
El miedo y el terror no garantizan la paz y la estabilidad duradera. Habrá que recordar que el valiente vive hasta que el cobarde quiere.
Felipe Calderón tiene en el conflicto de Oaxaca, la gran oportunidad de mandar el mensaje de lo que sí y de lo que no permitirá en su administración. Debe revisar concienzudamente las causas que dieron origen a los problemas que los oaxaqueños hemos vivido durante los últimos años.
Es su deber y obligación atender con premura los orígenes que por décadas han situado al estado en los últimos lugares en cuanto a nivel de riqueza, de transparencia, de educación y de derechos humanos.
Que entienda que mientras que no se actué para alcanzar las Reformas Constitucionales que la misma ciudadanía demanda, por ningún motivo se podrá declarar como “superado” el problema. Es el momento que informe y demuestre si Oaxaca fue parte de las negociaciones para que pudiera rendir la protesta de rigor.
Los problemas que dieron origen al conflicto oaxaqueño, no sólo siguen ahí, sino que estos se han incrementado. Estamos viendo que las cárceles oaxaqueñas no serás suficientes para encerrar a miles de ciudadanos que en forma pacífica solicitaron que el gobernante y sus funcionarios ajustaran sus actos a lo que establece la Ley y que es lo mismo que aún continúan demandando.
Sin embargo, como sucedió al origen de la administración de Ulises Ruíz, se ordena aprehender a líderes sociales, se siguen gastando cantidades estratosféricas para desvirtuar la realidad, se ponen oídos sordos a la voz del pueblo, se le apuesta a la división y al enfrentamiento de la sociedad, se continua con la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, pero particularmente se utiliza a la policía para reprimir y no para garantizar la seguridad ciudadana.
Hoy la PFP le ha dado a Ruíz Ortiz nuevos bríos para proseguir con la forma de gobernar que tanto se le ha cuestionado y que muy difícilmente logrará sostener una vez que las fuerzas federales sean retiradas.
Diciembre ha venido a cambiar el contexto de hace apenas unos días. Diciembre puede ser el mes que los oaxaqueños estábamos esperando. Como dice la canción: “Diciembre me gustó pa´que te vayas”. Felipe Calderón tiene la decisión en sus manos de enterrar de una vez por todas esa herencia maldita.
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